¿Majes Siguas II necesita otra adenda?

Las controversias persiguen al emblemático proyecto Majes Siguas II. Tras ocho años de otorgarse la buena pro al consorcio Angostura-Siguas, conformado por la española Cobra (60%) y la peruana Cosapi (40%), estaría por firmarse la decimotercera adenda para implementar un cambio tecnológico en la irrigación de las parcelas.

Con ello, la inversión se incrementaría en US$107 millones (incluido IGV), pasando de US$550,4 millones a US$657,4 millones. De efectuarse este cambio, se instalaría un sistema de riego tecnificado que reemplace al sistema abierto de canales y vasos reguladores previsto hasta la adenda 12.

Voceros del consorcio explicaron a El Comercio que transformar el diseño de irrigación es necesario para un uso más eficiente del agua. El no hacerlo, dijeron, bajaría la superficie a irrigar, lo que no es deseable para el proyecto.

Destacaron que el cambio mitigaría la mayor evaporación del agua por efecto del cambio climático y resolvería el problema de la menor disponibilidad hídrica en la zona, por acciones judiciales iniciadas por las autoridades de Cusco contra el proyecto, ante reclamos de la provincia de Espinar por el acceso al agua del río Apurímac.

Sin embargo, algunos parlamentarios no están de acuerdo con estos cambios y han denunciado excesivos incrementos en el aporte del Estado para esta obra. Incluso, ello ha llevado a que se forme una comisión investigadora que, al día de hoy, tiene 163 días para analizar las controversias alrededor del costo real de Majes Siguas II y el retraso en su ejecución. En el Ejecutivo, este último desarrollo ha llevado a un menor optimismo sobre un pronto ‘destrabe’ de Majes Siguas.

Horacio Zeballos, del Frente Amplio, señala que el cambio tecnológico no está justificado y subraya que con la cantidad de adendas se está desnaturalizando el concurso público por el cual el consorcio ganó la buena pro del proyecto.

Sobre el incremento en la inversión, fuentes del Gobierno comentaron a este Diario que si bien subiría el monto de inversión con el cambio tecnológico –aún en evaluación–, también subirá el precio de la tierra, con lo cual se recuperaría lo invertido.

En tanto, indicaron que los sobrecostos se generaron por la paralización del proyecto por casi cinco años a raíz del problema judicial con Cusco, que llegó hasta el Tribunal Constitucional, y por la menor disponibilidad hídrica resultante de este conflicto.

Con respecto a las adendas, Yamila Osorio, gobernadora regional de Arequipa, enfatizó que, de las 12 firmadas hasta ahora, ocho se debieron a las ampliaciones de plazo.

“Se ha hecho creer al público que este es un proyecto manoseado, oscuro, porque tiene 12 adendas”, criticó.


Plazos sin definición

De otro lado, Zeballos enseñó a El Comercio un acta de acuerdos sobre las controversias planteadas, en la que la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) y un representante del consorcio se comprometen a realizar un trabajo conjunto para que se apruebe el expediente técnico 2, el que contempla el cambio tecnológico.

En el documento se indica que, “considerando los plazos que en esta acta se acuerdan para la suscripción de la adenda de cambio tecnológico, [...] la aprobación final del expediente técnico 2 debe realizarse el 31 de enero de 2018”, plazo que no se concretó.

Fernando Vargas, gerente ejecutivo de la Autodema, resaltó que los informes presentados por el concesionario para el cambio tecnológico aún se encuentran en evaluación por parte de ellos y de la Comisión Multisectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros.

“A la fecha no hay pronunciamiento alguno [sobre si se aprueba o no el cambio]. Una vez que se tenga un informe vinculante del MEF, revisión de la contraloría y también del Gobierno Regional de Arequipa, recién se podría suscribir una adenda”, señaló Vargas.
El plazo actual para la aprobación del expediente técnico 2, según Vargas, sería julio.

En tanto, garantizó que la Autodema no ejecutará ningún tipo de desembolso hasta que haya visibilidad y elegibilidad del cierre financiero por parte de la concesionaria, que aún no se ha concretado.

Evitar malas experiencias

En Majes Siguas II, el Gobierno recibió pedidos de organizaciones que representan a pequeños agricultores, así como del alcalde de Caylloma, Rómulo Tinta Cáceres, para que se reduzca el área mínima de 200 hectáreas de los lotes que se venderían. Ello, con el objetivo de que estos agricultores pudieran acceder al concurso público.

Según fuentes del Gobierno, el Estado evaluó dichas posibilidades y demostró que ello no sería conveniente a raíz de la experiencia negativa con Majes I, cuyo modelo de agricultura frustró las expectativas de desarrollo sostenible.

En resumen, en Majes I el Estado destinó cerca de US$1.800 millones (a valores del 2016) que solo beneficiaron a 2.900 adjudicatarios de lotes de 5 hectáreas, que entre otras consecuencias negativas, no generaban ni valor agregado ni empleo.

En esa línea, la Comisión Multisectorial de la PCM determinó, a través de un decreto supremo, que el área mínima para garantizar la sostenibilidad del negocio y una oferta que genere retribuciones por exportaciones debía ser de 200 hectáreas, al ser este un megaproyecto. Además, especificó que Pro Inversión -encargado del concurso para las tierras- no tiene competencia para modificar la modalidad de transferencia de las tierras porque se ha previsto una oferta pública.

Fuente: elcomercio.pe|Paola Villar