Agricultura familiar y pobreza rural

En el Perú, según los datos del último Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) 2012, las familias agricultoras representan el 97% de los más de 2.2 millones de Unidades Agropecuarias (UA), concentradas principalmente en la región sierra. Asimismo, según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), en la Agricultura Familiar (AF) laboran más de tres millones de personas (83% de la fuerza laboral agrícola) y genera cerca del 80% de los productos alimenticios que se consumen en el mercado nacional.

La AF cultiva el 82% de las tierras dedicadas a leguminosas, el 76% a tubérculos, el 74% a cereales, el 72% a hortalizas y el 63% a frutas, además de contribuir al mantenimiento de los recursos naturales (agua y tierra) y al desarrollo de la biodiversidad. Esto la convierte en la garante de la seguridad alimentaria y nutricional a nivel nacional.

Precisamente, dada la importancia económica y social de la Agricultura Familiar y su rol preponderante en la seguridad alimentaria de nuestro país, se decidió en el año 2014 conformar la Comisión Multisectorial por el Año Internacional de la Agricultura Familiar, liderada por el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) a través de AGRORURAL. Esta comisión estaba encargada de proponer, implementar y monitorear el programa de actividades oficiales, con la finalidad de resaltar el papel protagónico de la Agricultura Familiar para alcanzar la seguridad alimentaria a nivel nacional, regional y local.

Posteriomente, como resultado del trabajo de la comisión, se aprobó la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015-2021 (ENAF), mediante Decreto Supremo Nº 009-2015-MINAGRI. Este instrumento proponía orientar y organizar la intervención integral del Estado a favor de los agricultores familiares, sobre la base del uso sostenible de los recursos naturales y en el marco de los procesos de desarrollo e inclusión social y reducción de la pobreza en las zonas rurales.

No obstante, siendo importante que el Estado haya tomado la decisión de priorizar en su momento a la AF, ésta aún enfrenta una serie de problemas y/o limitaciones de índole productivo, económico y social que impiden su desarrollo sostenible y competitivo, tales como:

• Una importante proporción de la pobreza rural se concentra en la sierra, espacio geográfico donde se desenvuelven, mayoritariamente, los agricultores familiares. Según cifras del INEI, mientras la tasa de pobreza rural al 2017 en la costa es de tan solo 25%, en la sierra está proporción es de casi el doble (49%).
• En el ámbito nacional solamente el 41% de las UA familiares de subsistencia cuentan con riego a diferencia del 93% de UA de la agricultura empresarial.
• Los agricultores familiares tienen un insuficiente acceso a capital, insumos, mercados, vías de comunicación, servicios de información e innovaciones agrarias, lo cual limita la competitividad y rentabilidad de su actividad productiva. De hecho, el 58% de los agricultores familiares de subsistencia no destinan su producción al mercado. Por ello, no es coincidencia que mientras la tasa de pobreza rural en la sierra y en la selva se ha incrementado en 0.9 y 2.1 puntos porcentuales (p.p), respectivamente, en la costa rural dicho indicador ha registrado una tendencia contraria retrocediendo 4.3 p.p.
• Existe una brecha enorme en materia de titulación rural (67% de la AF de subsistencia no cuenta con título de propiedad).
• Limitada gestión y/o manejo de los recursos naturales y dificultades para el aprovechamiento de la biodiversidad.
• Las organizaciones campesinas y gremios agrarios siguen siendo débiles.
• La agricultura familiar es especialmente vulnerable a los efectos de la globalización, a través de la volatilidad de los precios internacionales.
• Los efectos del cambio climático pueden superar las capacidades de adaptación inherentes de la agricultura familiar y, por lo tanto, perjudicar sus niveles de producción y existencias con efectos negativos en la seguridad alimentaria.
• El rol predominante de la mujer en cuanto a la carga del trabajo sigue siendo un problema intrínseco de la sociedad en general y también de la agricultura familiar.

Precisamente, tomando en consideración estas limitaciones y problemas antes descritos, la ENAF formuló nueve lineamientos que se convierten en el marco orientador de la agricultura familiar para alcanzar los objetivos y resultados esperados para este importante segmento productivo del agro peruano.

Asimismo, el MINAGRI entre los años (2011-2016) ejecutó una serie de actividades y proyectos de inversión que aputaron a fortalecer la presencia del Estado en los nueve lineamientos definidos en la ENAF. Todo este esfuerzo de priorización de la AF, significó efectuar desembolsos anuales de aproximadamente el 51% del presupuesto del sector.

El máximo valor de recursos presupuestados por el sector agricultura para las principales intervenciones sobre la Agricultura Familiar se registró en el año 2015 cuando superó los S/. 1,600 millones. Este monto se concentró, particularmente, en actividades y proyectos de riego (Fondo Mi Riego) y de articulación hacia los mercados (FIDA, PTRT3, PIADER, entre los más importantes). Coincidentemente, en ese mismo año el grado de ejecución fue también el más alto, alcanzado el 86%. Lamentablemente, de ahí para adelante, se ha venido registrando una preocupante tendencia regresiva de la asignación y ejecución de dichos recursos presupuestarios para la agricultura familiar, llegando en el 2017 a asignarse tan solo el 39% del presupuesto del sector y a ejecutarse el 66%. Ni qué decir del año 2018 en el cual la ejecución total de inversiones del sector no superó el 65%.

Por lo tanto, resulta pertinente en la actual coyuntura positiva de crecimiento del sector agrario para el año 2019, sumar mayores esfuerzos por parte de las autoridades responsables de la gestión en el sector buscando mejorar la ejecución y efectividad de las intervenciones públicas especialmente sobre la agricultura familiar con un enfoque de desarrollo inclusivo y competitivo, buscando cerrar las distintas brechas estructurales que condicionan el crecimiento sostenido de la actividad agropecuaria y su estrecho vínculo con la reducción de la pobreza en el ámbito rural.

Recordemos que diversas experiencias internacionales han demostrado que el crecimiento alto y sostenido del sector agrario es al menos el doble de eficaz en reducir la pobreza rural que el crecimiento generado en otros sectores. En el caso particular del Perú es sin duda más evidente la enorme contribución del agro en la generación de empleo (25% de la fuerza laboral) y de divisas frente a otros sectores primarios como minería (actividad que no supera el 2% de la PEA ocupada).

Fuente: gestion.pe