Un año después, Ica se lamenta del paro agrario y la nueva ley

“Que haya valido la pena, no. Porque creo que hay personas que hicieron el paro por cuestión política o conveniencia nada más”, dice Clementina, jornalera del fundo Don Ernesto, al recordar lo que dejó el paro agrario en Ica, el 30 de noviembre de 2020.

En Ica, los ciudadanos reclaman agua, desagüe, servicios básicos. El Estado sigue ausente y el clima social –pese a los esfuerzos del sector privado– es una bomba de tiempo.

Sin agua, sin estado

Miles de buses parados en medio de la nada, personas inocentes que no tenían que ver en la protesta; niños, mujeres embarazadas ancianos y enfermos se quedaron sin agua y comida por varios días. En plena pandemia, las ambulancias pedían pasar los bloqueos para llevar a los enfermos de COVID-19, el oxígeno y medicamentos al sur del país. A este terrible panorama se le sumó un muerto en la provincia de Virú.

Kaleb Clemente, dirigente de Barrio Chino en Ica, cuenta a Perú21 que, con la derogación de la Ley de Promoción Agraria, que tanto se reclamaba en el paro , “no hay ninguna diferencia, es la misma ley con otros términos. Solo dos cosas han agregado: la libre sindicalización y el bono Beta, que solo aumenta 9 soles”.

Los trabajadores señalan que lo que necesitan sus ciudades es inversión pública mediante obras que solucionen sus necesidades. “Carecemos de muchas cosas, de puestos de salud, no tenemos bomberos, no hay colegios, necesitamos servicios básicos, pistas y veredas. Todas estas carencias empezaron afiebrar a los trabajadores”, alega el dirigente.

Edith Bautista, dirigente del sector Expansión, que estuvo en la mesa de diálogo, recuerda que el paro comenzó por las redes sociales de un momento a otro. “No estamos conformes con esta ley nueva y no creo que los empresarios lo estén; creo que ambas partes tuvimos la culpa, pero de los errores se aprende y estamos conversando”, sostiene.


Esfuerzo privado

El sector agroexportador perdió más de 100 millones de dólares, los envíos de productos al extranjero pararon. Tan solo Ica representaba en 2020 el 3% del PBI; es decir, que por cada día paralizado la región dejó de generar 57 millones de soles de contribución a la economía peruana. “Al frente de Villacuri hay un campo de cultivo que está seco, quebró. Hay empresarios que ya mataron su campo porque no le da el bolsillo. Nosotros teníamos una meta de 300 hectáreas para este año y la paramos porque no tenemos confianza de que la plata que invertimos la vamos a recuperar”, explica Manuel Izaga Divos, gerente de Los Olivos de Villacuri.


Existe más de tres convocatorias para una nueva paralización, pero esta ya no tendría sustento según Manuel Olaechea, presidente del Comité de Empresas y Derechos Humanos de la Cámara de Comercio de Ica. “Hay una falta de atención de todas las zonas rurales del Perú, han estado abandonadas durante la pandemia; todo ha sumado tensiones. Mucha de la responsabilidad es del Estado, porque yo puedo ser responsable de los salarios de los trabajadores, pero yo no puedo involucrarme en hacer agua para la población, yo no puedo ser el Estado. Si este año vamos a huelga, este año sí es político, porque no tiene justificación laboral, este año sí estamos escuchando y sí sabemos los problemas de nuestros trabajadores”, afirma.

Jorge Vargas Corbacho, presidente del Agua y Agro de la CCI, considera que la protesta fue legítima, los trabajadores agrarios tienen muchas necesidades. Sin embargo, en el camino hubo personas inescrupulosas que quisieron aprovecharse de la protesta. “Creo que estamos en un escenario distinto, estamos dialogando con los trabajadores. El año pasado los etnocaceristas de Antauro y Movadef estuvieron en la protesta. Hicieron el ensayo, pusieron el Estado de rodillas y derogaron una ley, y pusieron una nueva que los trabajadores no leyeron. Muchas personas extrañas atentaron contra actividades productivas. Hubo muchas denuncias, pero se cuidaron mucho de tener una aparición directa”, explicó.

Hoy existe una nueva ley agraria con la que los trabajadores del sector y los propios empresarios no están contentos. Las exportaciones se han reducido y sus ambiciones de invertir también. Ergo, no ha impedido a ambas partes –empresariado y trabajadores– tenderse la mano y buscar soluciones, lo que hace pensar que cualquier intento de movilización carecería de legitimidad e iría contra los intereses de los actores que solo buscan trabajar y generar empleo para un país que pide a gritos una reactivación económica.

Fuente: peru21.pe