“Resolución puede y debe ser anulada”, afirma congresista Dammert.
El congresista de Acción Popular, Manuel Dammert, informó hoy que se alista una denuncia contra los integrantes del Tribunal Constitucional (TC) por el “fallo prevaricador” que ordena al Estado ejecutar el pago de los bonos agrarios después de 44 años.
Sostuvo que esa resolución constituye “un latrocinio” para el Perú, pues reconoce “ilegalmente” una deuda de 4,500 millones de dólares a favor de los afectados por la reforma agraria del régimen velasquista, entre ellos dos importantes grupos económicos del país.
El legislador cuestionó que en esa decisión del organismo constitucional haya participado Óscar Urviola, actual titular del TC, quien años atrás trabajó para el Banco de Crédito del Perú (BCP), entidad interesada en que se honre la deuda de la reforma agraria.
“Ayer hemos presentado una moción de orden del día, que esperamos que hoy el Congreso también la vea para que se denuncie al Tribunal Constitucional, que ha dado esa norma, más aún, porque la ha dirimido el presidente del TC, que viene del Banco de Crédito”, expresó.
En opinión de Dammert, este reciente fallo del TC, que también ordena actualizar los bonos agrarios según su valor inicial en dólares, significa “entregarle y regalarle” a estos grupos económicos el 80% de los bonos de la deuda agraria “y eso es gravísimo”.
“La norma del Tribunal Constitucional es prevaricadora en sí misma. Se está regalando 4,500 millones a empresas que han comprado al 10% (del valor) del bono para tratar de recuperar el 100% y se ha hecho fuera del plazo. Eso es prevaricación”, arguyó el parlamentario.
Agregó que, en todo caso, el pago dispuesto por el TC debería compensar solo a quienes son herederos directos de los bonos de la reforma a agraria y no a “especuladores”.
Tras señalar que el Congreso de la República no ha sido consultado, como “parte obligada” sobre esta materia, el congresista calificó que esta resolución del TC es una “barbaridad” para el erario público nacional y, por lo tanto, dicho fallo “puede y debe ser anulado”.
“En esa norma se ha hecho una ampliación que, a todas luces, lleva a una acusación constitucional. Vamos a hacer ese proceso y vamos a plantear la nulidad (…) Por todos lados es una de las más grandes barbaridades en la historia del Perú”, remarcó.
Dammert señaló también que resulta paradójico que esta resolución ejecutiva del TC dé respuesta a un “supuesto pedido” del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), entidad que, según el congresista, no cuenta con documentos ni conoce qué persona formuló tal solicitud.
“Paradójicamente el punto de origen de este reclamo que el TC ha resuelto es supuestamente un pedido del Colegio de Ingenieros, que ha declarado que no existen en sus archivos ni documentos ni la identificación de quién ha hecho esto”, aseveró en TV Perú.
El TC dio al Ejecutivo un plazo de seis meses para reglamentar el pago de la deuda agraria, mediante una resolución emitida anoche, que ejecuta una sentencia del año 2001 emitida por el propio órgano constitucional.
La sentencia de 2001 declaró inconstitucional la Ley 26597 y parte del Código Procesal Civil, que se oponían al pago y actualización de los bonos agrarios.
Dicho órgano estableció también la conversión del valor nominal del bono a dólares americanos al momento de su emisión.
Fuente: http://www.andina.com.pe/Espanol/not...x#.UebZ943rxe8
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