Resaltan incorporación de penas más severas contra la tala ilegal

Se protegerá a comunidades, afirma alto comisionado de la PCM.

La modificación del Código Penal, realizada a partir del Decreto Legislativo N° 1237, permite establecer un nuevo marco legal que considera a la tala ilegal como un delito agravado si se realiza al interior de las tierras de las comunidades indígenas.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) precisó que la modificación al referido código considera también penas más severas y efectivas a aquellos que extraen madera de manera ilícita.

Así lo destacó el alto comisionado en Asuntos de Lucha contra la Tala Ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), César Fourment Paredes, durante una reunión de trabajo que sostuvo con dirigentes de la comunidad indígena Paoyhan, provincia de Ucayali, región Loreto, y de la reserva comunal de Amarakaeri, en la provincia de Manu, región Madre de Dios.

Sostuvo que el artículo 310-C del Código Penal refleja la política del Gobierno de proteger a las comunidades indígenas, así como las reservas indígenas en contacto inicial o aislamiento voluntario, “pues careciendo de los títulos de propiedad o en trámite, no pueden ser afectadas por la tala ilegal”, afirmó.

Fourment Paredes refirió que el artículo 59 del Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Indígenas y Comunidades Campesinas autoriza el aprovechamiento de los recursos maderables a las comunidades indígenas y campesinas con fines de subsistencia, autoconsumo o uso directo.

En esa misma línea, la Ley de Áreas Naturales Protegidas solo permite la extracción para subsistencia por parte de personas y comunidades ubicadas al interior de ellas con anterioridad a su establecimiento, anotó.

Al recordar que una de sus funciones es supervisar y coordinar la ejecución de la Estrategia Nacional Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal, precisó que ello implica “la participación en el desarrollo de las acciones de control en diversos lugares del país, de los gobiernos regionales, la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS), así como del Ministerio Público, la Policía Nacional y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas”.

Por tal motivo, consideró importante fortalecer las competencias administrativas y técnicas de los nueve gobiernos regionales con facultades delegadas en materia forestal (Amazonas, Ayacucho, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Huánuco, San Martín, Tumbes y Ucayali), al ser los responsables de la preservación de los bosques y sus recursos maderables.

Enfoque intersectorial

Respecto del enfoque intersectorial, el alto comisionado de la PCM calificó de positivo que el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y el ejecutor del Contrato de Administración de la Reserva establezcan una estrategia de trabajo en los sectores de Camanti y Kosñipata, para fortalecer las acciones de control y vigilancia en la reserva comunal Amarakaeri y su zona de amortiguamiento.

Este trabajo conjunto “es un mecanismo que coadyuva a optimizar la protección de los recursos forestales contra la tala ilegal y responde a una de las funciones de la Comisión Multisectorial Permanente de Lucha contra la Tala Ilegal, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros”, puntualizó.

Fuente: ANDINA