Foto: agraria.pe |
Tomando en cuenta que está pendiente que el Poder Ejecutivo publique el reglamento para negociaciones colectivas de la nueva Ley de Promoción Agraria, el abogado laboralista Jorge Toyama, señaló que la negociación colectiva debería ser voluntaria, promotora y no impositiva siguiendo las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que no genere escenarios que terminen de imponer más costos al sector.
“Sobre el reglamento de la nueva Ley de Promoción Agraria, en lo laboral, se debe buscar: el equilibrio para la correcta aplicación del nuevo bono, de los sistemas de contratación, el tiempo de trabajo, así como el resto de los beneficios económicos. Es clave buscar un equilibrio para que la regulación no sea una traba para la formalización para la protección social de los trabajadores del agro”, mencionó.
En ese sentido, agregó que este reglamento debe ponderar adecuadamente entre la necesidad de tutela laboral y el impacto económico que genera en las empresas pequeñas, medianas y grandes.
“Recordemos que estamos ante el sector con mayor informalidad laboral en el país. El solo incremento de 30% del sueldo previsto en la ley impacta en las pequeñas y micro empresas agrarias; por ello, el reglamento debiera evitar que se pierdan más empleos formales y, más bien, se fomente la generación de empleo formal”, precisó.
Freno abrupto
Toyama refirió que no es un buen momento para generar más costos al sector que, además de la coyuntura legal, está siendo impactado seriamente por la cuarentena global y compite con empresas transnacionales donde los marcos regulatorios son mucho más amigables e, inclusive, promoviendo la inversión privada.
“Otras pretensiones de trabajadores como la obligación de brindar alimentación, transporte, mayor remuneración mínima, etc. no deberían proceder. Si se hace, lamentablemente perderemos competitividad y un buen número de empresas cerrará y muchos trabajadores perderán empleos”, señaló.
Con la nueva Ley Agraria aquellas empresas formales –sobre todo pequeñas y medianas– asumirían un mayor costo de la mano de obra, por lo que algunos empresarios consideran que se verían en la necesidad de reducir sus hectáreas productivas de cultivo y, consecuentemente, reducir el número de trabajadores.
“Las empresas van a contratar menos personal y aquellas que pensaban pasar a la formalidad van a retroceder en su decisión”, señaló Toyama.
Con la antigua ley
La Ley de Promoción Agraria (27360), vigente por 20 años en nuestro país, contemplaba un jornal de S/ 39.19, que contenía todos los beneficios laborales y estaba acorde con la Remuneración Mínima Vital (RMV) vigente en nuestro país.
La nueva ley (31110), cuya reglamentación está en proyecto, plantea un jornal de S/ 55.47, pero beneficia solo al agro formal que representa el 20% del sector. El 80% restante, el informal, no tiene ningún beneficio.
“La Ley de Promoción Agraria permitió contratar formalmente a, cada vez, más trabajadores. Por muchos años el puesto que más contratos formales generaba en el Perú era el de vigilancia, pero hace un par de años la tendencia cambió y lo que más se contrata, formalmente, son trabajadores para el sector agrario”, comentó el abogado laboralista.
Como dato, resaltó que si se sumaban las contrataciones por trabajador agrícola, ayudantes y obreros agrícolas de árboles frutales, registradas en la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el número de contrataciones formales que generaba el sector agrario superaba, hasta el año pasado, en casi el doble a la segunda actividad.
“El agro requiere de una ley general agraria que busque el fomento de esta actividad económica, apostando por la protección social de los independientes, promueva la inversión en el sector, tutele a las micro y pequeñas empresas agrarias, entre otros”, concluyó.
Fuente: gestion.pe
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