"La ley del emolientero", por Cecilia Blume
Foto: Archivo El Comercio
El congresista nacionalista Josué Gutiérrez y diez más de su bancada propusieron al Congreso en julio del año pasado una ley para regular, capacitar y promocionar las actividades de los expendedores de bebidas tradicionales de emoliente, quinua, maca, cebada y afines en su proceso de inclusión social o económica. Además, declarar el 20 de febrero como el día de las bebidas naturales y tradicionales del emoliente, quinua, maca y afines. La llamada ley del emolientero fue aprobada este 15 de abril y será promulgada pronto.
Como cualquier ley, esta necesita previamente de un estudio sobre su necesidad, el impacto económico y la modificación de la legislación nacional. Requiere del trabajo de congresistas y asesores que lean el proyecto, lo debatan y lo enriquezcan. Así, este proyecto ha sido revisado y dictaminado por dos comisiones: la de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas y la de Inclusión Social y Personas con Discapacidad. Ha pasado por las oficinas de 23 congresistas y se ha solicitado opinión a los ministerios de Economía y Finanzas, Producción, Agricultura, el Indecopi, el INEI, la Sociedad Nacional de Industrias, la Municipalidad de Lima, de Miraflores, de Pueblo Libre y la Federación Nacional de Trabajadores Emolienteros.
Según el diario de debates, esta norma busca “crear mecanismos que faculten la inclusión social y económica de las personas dedicadas al expendio de bebidas tradicionales y promover el interés turístico y los cultivos de productos agrícolas con los que se elabora el emoliente”. Se dice que esta ley “promoverá” a 25.000 emolienteros en el país, pero la norma planteada no contiene nada que no exista ya para cualquier actividad económica. Por ende, fuera del establecimiento del día del emolientero, esta ley no crea nada para apoyar estas actividades como se hace creer. Por ejemplo, la regulación de comida ambulatoria está contenida en varias normas municipales y se aplica por igual al que vende papa rellena, anticuchos o emoliente, como debe ser.
Por ello, cabe preguntarnos quién decide la relevancia de las leyes en un país como el nuestro, donde se requiere impulsar muchas actividades que realmente podrían cambiarlo. No busco desmerecer la venta de emoliente, que como actividad económica genera empleo y compra de insumos, pero las leyes deben ser usadas para crear políticas públicas que aporten a un mejor país en general y sobre todo ser “útiles”. Esta no lo parece.
Nuestro Congreso nos ha demostrado que dos años y medio no bastan para nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional y al defensor del Pueblo. ¿Por qué se toma tiempo valioso en leyes innecesarias y gasta en sueldos de congresistas, asesores y funcionarios?
El Perú crece económicamente en forma sostenida porque muchas personas día a día se esfuerzan porque así sea. No estamos en piloto automático y podríamos crecer más si es que el Congreso apoyara el crecimiento económico y social legislando de cara a las necesidades del mismo. Cada día que pasa es un día en el que perdemos la oportunidad de impulsar actividades o destrabar otras con normas adecuadas.
El Congreso puede reivindicarse y trabajar con transparencia en leyes relevantes que aporten a un país mejor. Esto para los 30 millones de peruanos.
Fuente: "La ley del emolientero", por Cecilia Blume | El Comercio Perú
