Sector Agro y los conflictos sociales
Según los datos de la comisión de transferencia del sector minería, el fondo minero voluntario que se constituyó en el 2007 ha acumulado, desde su formación a junio del 2011, S/ 2,275 millones. El nivel de ejecución fue del 62% y se destinó a: proyectos de infraestructura (32.9%), cadenas productivas (15.6%), educación (15.2%) seguidos de inversiones en salud (11.9%) y nutrición (11.0%).
En promedio cada año se recaudó S/ 500 millones, de los cuales se destinaron aproximadamente S/80 millones para cadenas productivas. Adicionalmente falta disgregar el rubro proyectos de infraestructura para ver si allí se incluyen inversiones destinadas al agro (represas, canales, centros de acopio, talleres, centros de investigación etc).
Si bien S/ 80 millones no es una cifra importante, sí es una cantidad que bien focalizada puede tener impacto en el medio rural y bien valdría preguntarse cómo mantenemos este nivel de intervención si ahora el aporte minero se irá directamente a las arcas fiscales. Lo ideal sería que se aumente en S/ 80 o S/100 millones el presupuesto de AGRORURAL para que no exista desfase presupuestario entre lo que se gastará el 2012 y los años anteriores.
En Julio del 2011 la defensoría del pueblo registró 214 conflictos sociales, 116 conflictos relacionados a recursos naturales. Esta situación nos lleva a evaluar cómo se prepara el sector público para prevenir los conflictos sociales y hacer del Perú un país con mejor clima social y económico.
La PCM tiene un área de conflictos sociales que por lo general es “apaga incendios” es decir no está concentrada en atacar la raíz de los problemas para establecer soluciones definitivas.
La gran mayoría de conflictos sociales se dan en el medio rural y se dan en buena parte por los elevados niveles de pobreza, desigualdad, falta de educación, oportunidades, ausencia del estado y también por agitaciones de índole político.
Neutralizar buena parte de los conflictos sociales pasa por llevar el desarrollo a estas poblaciones rurales, desarrollo que en gran medida se encuentra dentro de las competencias del MINAG y en específico de AGRORURAL. Aquí el Estado tiene una herramienta poderosa para llegar con un gran ejecutor al interior del país y hacer sentir su presencia con proyectos integrales de desarrollo.
El agro insume a las 2/3 partes de la Población Económicamente Activa en el medio rural, por lo tanto el MINAG es un sector del estado que debe priorizarse en las políticas de desarrollo social y búsqueda de gobernabilidad para el país.
La intervención del estado debe ser contundente (un ejecutor centralizado es una gran alternativa) y debe ser direccionada; es decir primero focalizar dónde está el potencial productivo (asegurar agua, viabilidad productiva y comercial) y una vez determinado y planificado todo esto, llamar a los demás sectores del Estado para que complementen y potencien esta intervención (carreteras, salud, educación, energía etc) de esta forma estaremos mejor preparados para alcanzar un desarrollo que sea sostenible.
Angel Manero Campos
Columnista Agraria.pe
Agencia Agraria de Noticias
