“MINAM debe fiscalizar el trabajo del INIA”

Plantea Coordinador de la Red de Acción de Agricultura Alternativa (RAAA):

Según el Ing. Héctor Velásquez Alcántara, el Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) no puede ser juez y parte en el desarrollo, monitoreo y vigilancia de OVM’s (semillas transgénicas) en la agricultura nacional.

Por: Luis Omar Paredes

Agraria.pe.- Tras rechazar las conclusiones del Foro Internacional “La Biotecnología Moderna en el Sector Agropecuario: Oportunidades y Desafíos” (organizado por el INIA) por considerarla “tendenciosa y sesgada” a favor del ingreso de transgénicos al Perú, el coordinador nacional de la RAAA, Ing. Héctor Velásquez Alcántara, explicó que el Instituto Nacional de Innovación Agraria no reúne las condiciones presupuestales ni de operatividad necesarias para el trabajo de monitoreo, vigilancia y desarrollo de semillas transgénicas.

“Hemos tenido la oportunidad de visitar INIA Vista Florida Chiclayo (una estación trascendental en la historia del cultivo de arroz) y los ambientes están abandonados, sólo algunas oficinas están operativas. Entonces la pregunta es ¿con esa capacidad produciremos biotecnología? Para nosotros el INIA pretende desarrollar OVM’s junto con las empresas transnacionales que manejan la biotecnología. Pero el riesgo está en que luego de aprobarse una ley que permita el ingreso, las transnacionales harán la investigación y terminarán patentando los recursos genéticos como propios”, explicó.

“Según Monsanto producir una semilla transgénica puede costar US$ 100 millones, presupuesto que el INIA no posee, por lo que cederá terreno a la empresa transnacional para que pueda implementar sus laboratorios. Por eso proponemos que la Ley 27104 (Ley de Bioseguridad) le otorgue al Ministerio del Ambiente una tarea de fiscalización”, enfatizó Velásquez Alcántara.

Asimismo, para el coordinador nacional de la RAAA, el INIA “no puede ser juez y parte” en la investigación, desarrollo, monitoreo y vigilancia de semillas transgénicas en el agro nacional. “Siempre el INIA fue un productor de semillas y el SENASA una institución fiscalizadora, pero ahora la función de fiscalización ha pasado al INIA; es decir, ellos producen semillas y también se fiscalizan. Y eso no es adecuado en una Ley de Bioseguridad”, lamentó.

Sobre el estudio del maíz transgénico en Barranca

Según Velásquez Alcántara, los resultados del estudio del INIA sobre el maíz amarillo duro transgénico en el valle de Barranca fueron incompletos, pese a la denuncia de muchas entidades al respecto, entre ellas, la Universidad Agraria de la Molina (UNALM). Para Velásquez, los resultados no explican la metodología usada en el monitoreo del maíz amarillo, ni cuáles fueron los puntos de muestreo ni la cantidad que se encontró en el valle de Barranca.

“Si la producción de maíz transgénico se dio en Barranca, porque han terminado haciendo muestreo de contaminación por Huánuco; eso no nos parece serio. INIA como autoridad del Gobierno debería publicar sus investigaciones en la web inmediatamente, así como lo hace Agrorural”, sugirió.

Los transgénicos y la pequeña agricultura

Según datos de la Central Agropecuaria (CENAGRO) el 88% de los agricultores peruanos poseen menos de 5 Has. Ante esta realidad, el Ing. Héctor Velásquez sostiene que la comercialización de semillas transgénicas generará una dependencia económica en el pequeño agricultor con relación a las grandes transnacionales como Monsanto, así como también el monocultivo a través de la polinización de las mismas.

“La realidad del sistema andino es que no hay un buen sistema de distribución de sus parcelas, y esto significaría una contaminación segura a través del polen. Esto hace muy difícil establecer sistemas de bioseguridad. Nosotros creemos que de todas maneras habrá un nivel de contaminación de las semillas, y eso pone en riesgo un sistema de producción alternativo, como la producción orgánica”, explicó.

La propuesta

El Ing. Héctor Velásquez Alcántara informó de la propuesta que organizaciones como la RAAA, consideran: una política responsable para trabajar el ingreso de organismos vivos genéticamente modificados; la cual consta de 3 puntos:

Primero, reconocer e identificar nuestros recursos genéticos nativos, para delimitar zonas ecológico-económicas. Es decir, un estudio de biodiversidad, de ubicación de pisos ecológicos, para determinar qué tipos de cultivos son apropiados y aprovechables, a fin de evitar una contaminación con semillas transgénicas.

Segundo, la implementación de transgénicos debe estar acompañada de un sistema de control, de monitoreo y vigilancia permanentes. “El INIA sólo reaccionó a partir de las denuncias de la Universidad Nacional Agraria de la Molina (UNALM)”.

Tercero, en caso de desarrollarse semillas transgénicas, ésta debe hacerse de acuerdo a la demanda que podría existir en el mercado nacional, en zonas específicas.

Otros fines de la Biotecnología

Si bien el coordinador nacional de la RAAA expresó su preocupación por el desarrollo y el uso de semillas transgénicas en territorio nacional, es importante mencionar que resaltó la importancia de la biotecnología para el agro peruano. “Con la biotecnología también se pueden hacer limpiezas de semillas, incremento de la productividad, mejoramiento genético de semillas, pero se está enfocando sólo en los transgénicos”, señaló.

Velásquez Alcántara considera que “el tema transgénicos” en el Perú consiste en un negocio más de las transnacionales, y que el rol del INIA es cubrir 3 aspectos: identificar nuestros recursos genéticos nativos, elaborar una ley de bioseguridad fuerte y propuestas de trabajo alternativas a la biotecnología.

De igual manera, el coordinador nacional de la RAAA explicó que una moratoria de 15 años al ingreso de semillas transgénicas es tiempo suficiente crear una adecuada Ley Nacional de Bioseguridad. “También es un tiempo para probar que los organismos genéticamente modificados no son dañinos para la salud y el medio ambiente”, señaló.

DATOS:

El coordinador nacional de la RAAA rechazó el argumento de los agroexportadores nacionales de que las semillas transgénicas producen 30% más, y que se ahorra 50% en gastos de pesticidas y plaguicidas. “Los agricultores colombianos han demandado a Monsanto y al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) por publicidad engañosa hace un mes”, informó.

En marzo de 2010, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) impuso una sanción por 515 millones de pesos a la Compañía Agrícola Colombiana (Coacol) representante de la multinacional Monsanto. La decisión la tomó la entidad sanitaria de prevención y control, teniendo en cuenta que la semilla de algodón genéticamente modificada (transgénica) le ocasionó pérdidas a los cultivadores durante la temporada de cultivo 2008/2009. Inicialmente, la Confederación Colombiana del Algodón (Conalgodón) presentó la reclamación ante el ICA por información errónea, engañosa e insuficiente con la que la empresa publicitó la semilla de algodón, conocida técnicamente como DP 164 B2RF. (Fuente: Fundación SWISSAID)