Madereros tienen concesiones con información falsa

En plena COP 20, donde la protección de bosques es una principal inquietud, el Estado peruano se revela incapaz.

Desde 2009 se ha detectado que consultores forestales permiten que la cifra real del número de especies existentes en cada concesión sea manipulada por madereros, lo que promueve la tala ilegal y el blanqueo​. Pese a ello, los ingenieros responsables siguen en actividad y aptos para certificar documentos porque no procede su inhabilitación.

El viernes pasado las viudas de Alto Tamaya-Saweto vencieron el miedo y por unos días dejaron su comunidad, para asistir a la COP 20, a exigir que de una vez por todas les entreguen los títulos de propiedad de sus territorios.

Julia Pérez, viuda del líder asháninka Edwin Chota, asesinado por traficantes de madera en setiembre último, no tiene ganas de hablar a la prensa. En sus brazos tiene a su bebé de apenas un mes de nacido, y otro de dos años. Pérez no quiere ya seguir hablando de su esposo. Ella está harta y preocupada al mismo tiempo.

–¿Qué le voy a decir? Nada. Nadie nos ha prometido nada, pero ¿qué van a hacer ahora? Ya es muy tarde –nos dice Julia.

Hergilia Rengifo, viuda de Jorge Ríos, señala a un solo responsable de esta tragedia: El Estado. Edwin Chota esperó dos días frente al Gobierno Regional de Ucayali para que luego le digan que se regrese, que no lo iban a atender. Culpa al Estado de no haber hecho nada en contra del negocio de los taladores ilegales que acabaron con la vida de su esposo.

–Una cosa puede ser la mano que hace, pero ahí hay detrás otros que lo permiten

–nos dice.

La viuda de Ríos tiene razón. La tala ilegal y el blanqueo de madera tienen un origen común: necesitan de un personaje que firme un documento con información falsa y que perpetúe su negocio. Necesitan de un consultor forestal.

Los consultores forestales son personas o empresas privadas contratadas por las madereras para que den fe de cuántos ejemplares y de qué especies se encuentran dentro de una concesión forestal. Algo así como notarios de la Amazonía. Para poder realizar esta labor, los consultores tienen que registrarse en el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), organismo que depende del Ministerio de Agricultura.

Aquí empiezan los problemas. El organismo supervisor de las actividades de los consultores, y de todas las vinculadas a la explotación forestal, no tiene injerencia sobre el registro de consultores de ese sector. Se trata del Osinfor, un organismo autónomo adscrito a la PCM.

Hay una brecha entre el Serfor y el Osinfor. Así, se generan situaciones como la detectada esta semana por Utero.Pe: De acuerdo con cifras de Osinfor, se presentó información falsa en 1,146 Planes Operativos Anuales (POAs). Al cruzar esta base de datos con una lista de Serfor, de consultores habilitados para seguir elaborando mapas, resultó que 75 consultores forestales que avalaron informaciones falsas siguen aptos y registrados para elaborar más documentos.

CONSULTORES DE OFICINA
De acuerdo con las supervisiones de Osinfor, un consultor forestal puede elaborar decenas de planes de manejo con información falsa.

Expliquémonos: Para extraer árboles de cualquier concesión forestal, predio privado o comunidad nativa, lo primero que una empresa maderera debe presentar es un Plan Operativo Anual (POA) que señale cuántos árboles existen y qué especies se van a explotar. Este plan debe ser elaborado y firmado por un consultor forestal registrado en Serfor. Esto quiere decir que el consultor debe internarse en el bosque, hacer el trabajo de campo y, solo después de eso, elaborar el POA y el inventario de árboles. Con este documento el concesionario se presenta a la autoridad regional, quien aprueba el informe confiando en la buena fe del consultor. Un documento de este tipo puede llegar a costar 40 mil soles.

En la práctica, lo que sucede es completamente distinto. Los consultores no van al campo y realizan el trabajo en su escritorio, haciendo aproximaciones de acuerdo con las conveniencias del cliente. A primera vista podría parecer un trámite sin importancia, pero cuando se miran las cifras de manera global, el panorama es terrible.

Es el caso de Mario Pizarro Atausupa, consultor de Madre de Dios. Este consultor firmó nada menos que 103 “POAs carentes de veracidad” y que, pese a ello, figura en el registro de consultores forestales activos.

Amós Armas Arche, consultor forestal de Ucayali, también firmó o elaboró documentos que contenían información falsa desde el 2010, según una investigación de Osinfor. En total, lo ha hecho 88 veces y Armas Arche sigue habilitado por Serfor.

En el último operativo de SUNAT, Interpol y Osinfor sobre blanqueo y exportación de madera, se mostró que había 36 millones de pies tablares de madera aserrada que se habían movilizado indebidamente. Esto equivale aproximadamente a 163,636 metros cúbicos, que es más o menos el volumen que tiene el Aeropuerto Jorge Chávez.

Toda esa madera salió de cualquier lugar menos de donde los papeles legales lo señalaban. Gracias a estos documentos con información falsa, los taladores ilegales pueden sacar árboles de cualquier lugar (un parque nacional, una reserva o zona intangible) e ingresarlos al circuito comercial o exportarlos como si vinieran de una concesión legal y supervisada.

FALSOS INFORMES
Dhayneé Orbegozo, de la ONG Environmental Investigation Agency (EIA), estima que por un POA hecho desde el escritorio, el consultor forestal puede cobrar hasta 5 mil soles. Mientras que por estampar su firma sobre un documento hecho por un tercero, unos 500 soles.

Sin embargo, la realidad supera siempre cualquier estimado. Amós Armas Arche, el consultor forestal que ocupa el segundo lugar en firmar la mayor cantidad de informes falsos, confiesa que nunca corroboró la información que firmó y que lo hizo a cambio de diez soles.

–Nunca he elaborado POAs (…) he firmado. Que me digan que he firmado después de saber, conociendo o presumiendo, no. Yo no conocía si esa información era falsa o no.

Armas Arche parece no darse cuenta de la gravedad de sus palabras y continúa.

–Me han solicitado, ellos (los concesionarios) han contratado a otras personas y me han buscado como ingeniero y yo he firmado. Casi todos de la especialidad hacen eso.

–Por ir al campo y hacer un POA se puede cobrar hasta 40 mil soles, ¿es verdad?

–Claro. Depende de la cantidad de hectáreas, pero ellos no quieren gastar y ellos mismos lo hacen y al ingeniero le dan diez soles.

–¿Cuánto le pagaron por firmar?

–A lo mucho 20 soles. Y te dicen: ‘si quieres, ah’. Como saben que los ingenieros están en desgracia, se aprovechan.

Este consultor forestal se escuda en su desconocimiento legal; acepta que quizá no debió firmar sin ir al campo. Sin embargo, la gravedad de su acción va más allá de la ignorancia.

El negocio ilegal ha sido tan lucrativo que el cedro y la caoba ya no son las especies más amenazadas.
De acuerdo al Operativo Amazonas –realizado por la SUNAT, Interpol y Osinfor para medir el blanqueo de madera y su exportación– ahora el nuevo objetivo de la industria del lavado de madera son “las maderas duras” como la virola, el tornillo o el shihuahuaco, precisamente, debido a la escasa regulación que existe a su alrededor.

Las autoridades regionales no están obligadas a corroborar que lo dicho por el consultor forestal sea verdadero o no. Solo lo hacen cuando se trata de cedro y caoba, dos especies que casi no existen por la tala ilegal.

En el 2012, la ONG EIA publicó el informe “La máquina lavadora”, que exponía los casos en los que se había exportado cedro y caoba ilegal a Estados Unidos. Dos años después, la situación se ha ampliado a otras especies. Para la directora de Programas en Perú de EIA, Julia Urrunaga, no ha habido una acción concreta del Estado contra los consultores forestales.

–Ellos son el primer paso y hasta ahora no hemos visto un caso concreto en contra de un consultor. Lo que se debería hacer es sacarlos –exige Urrunaga–. Aquí se está hablando de árboles que aparecen en un inventario y que cuando se va al campo no existen, es clarísimo que hay un fraude.

IMPUNIDAD FORESTAL
Lo más impresionante en el caso de los consultores forestales que han elaborado información falsa, es que no existe forma de retirarlos del registro de Serfor.

Lies Linares, directora de la Oficina de Asesoría Jurídica de Serfor, dice que no cuenta con las herramientas necesarias.

–Actualmente, una vez verificada la infracción por la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre, los consultores son sancionados con multa –explica–, pero esto no impide que continúen prestando sus servicios profesionales para la elaboración de planes de manejo.

Linares reconoce las debilidades del sector y comenta que están trabajando en un decreto supremo para que Serfor pueda retirar a los consultores que hayan elaborado o firmado documentación falsa. Por lo pronto, un consultor que ha mentido puede seguir haciendo el mismo trabajo sin ningún problema. Peor aún: puede seguir una línea de carrera.

Uno de los casos más emblemáticos tal vez sea el de Hugo Paima Ríos, un consultor forestal privado de Loreto que durante el 2010 elaboró ocho documentos con información falsa. Paima Ríos luego pasó a laborar como parte de la Autoridad Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) que se encargaba de verificar que lo dicho por los consultores forestales fuera verdad. Pero eso no fue lo peor. Durante ese mismo año, Hugo Paima llegó a trabajar en Osinfor como supervisor de concesiones.

La falta de comunicación entre Osinfor, Serfor y los gobiernos regionales en este asunto alcanza niveles insólitos. A pesar de que Osinfor envió documentos a las autoridades competentes, estos parecen no llegar a su destino. Otros consultores que figuran en el ranking de documentación falsa, como Jorge Peinado Martínez, con 32 POA falsos, afirman que pudo haber errores de su parte.

–De 100 árboles inventariados, no encuentran dos, puede ser por errores de digitación al introducir la información –dice Peinado–. Dicen que es información falsa por no haber encontrado los árboles.
Consultores como Emer Rosales, Manuel Trelles y Segundo Reátegui aducen que los técnicos de Osinfor no estaban calificados para hacer las supervisiones.

Lo único cierto es que los más afectados son los bosques y las comunidades que, al igual que las viudas de Saweto, tienen que defenderse de la cadena de la tala ilegal.

Fuente: http://www.larepublica.pe/12-12-2014...ormacion-falsa