La ministra de Trabajo, Manuela García, afirmó que las empresas azucareras tienen la obligación ineludible de priorizar el pago de las remuneraciones y deudas laborales que mantienen con sus trabajadores, las cuales fueron generadas por una mala conducción empresarial.
Indicó que el Gobierno ha cerrado un capítulo de privilegios a las empresas que agrandan sus deudas escudándose en la Ley de Protección Patrimonial por espacio de 7 años, sin ningún resultado positivo a la vista.
Insistió en censurar a las empresas Tumán y Pomalca por pretender, amparadas en esas normas, proteger sus intereses y conservar ilegalmente un patrimonio que pertenece mayoritariamente a los trabajadores y al propio Estado.
Reiteró, de otro lado, su exhortación a los trabajadores azucareros para no caer en el juego de las empresas que tratan de mostrarse como “víctimas” de una situación que ellas mismas han generado.
Manuela García manifestó que la solución la da el Gobierno al plantear la venta de las acciones del Estado en Pomalca, Tumán y Cayaltí con el fin de contar con los recursos para pagar inmediatamente lo que se adeuda a los trabajadores.
Dijo que resolver el problema no consiste en prolongar un régimen discriminatorio sino en lograr que, en base al diálogo, sean las empresas, los trabajadores y demás acreedores los que decidan el destino de las empresas azucareras.
Finalmente, pidió mantener la calma porque –dijo- con protestas inducidas para generar el caos no se conseguirá nada.
Fuente: Andina
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