Una ola de delitos agrega un nuevo castigo a la agricultura venezolana

Los delitos rurales ha obligado a algunos a recortar su producción.

Un grupo de hombres armados irrumpió en diciembre en la granja arrocera de Juan Martín Pérez. Unos días después, le mandaron fotos de las piezas de tractor y equipos de riego que le habían robado: le ofrecían revendérselas a precio de descuento.

“Estas personas no tienen vergüenza”, dijo Pérez, mirando la imagen de un inyector de combustible robado que los ladrones le enviaron a su celular.

Pérez y otros agricultores dicen que el brote de delincuencia que aflige al campo venezolano está reduciendo aún más la producción y exacerbando la escasez crónica de alimentos. Describen bandas ambulantes de delincuentes que roban tractores, cosechadoras, camiones, niveladores láser y agroquímicos. Los ladrones luego revenden en el mercado negro estos suministros caros y difíciles de conseguir a otros agricultores o, mediante el pago de un rescate, a sus dueños originales.

La ola de delitos rurales, que los agricultores dicen que empezó hace unos dos años y se ha acelerado desde entonces, ha obligado a algunos a recortar su producción. Mientras conduce su todoterreno por un camino de tierra a través de una vasta extensión de arrozales verdes en Portuguesa, un estado occidental conocido como el granero de Venezuela, Pérez cuenta que normalmente cultiva poco más de 800 hectáreas de arroz. Este año, sin embargo, afectado por el robo de diciembre, dice sólo plantará alrededor de la mitad.

El Ministerio de Agricultura y la Guardia Nacional, responsable de patrullar las zonas rurales, no respondieron a solicitudes de comentarios. “Este gobierno está asumiendo ese problema y para asumirlo contamos con nuestra Fuerza Armada Nacional”, dijo el mes pasado el vicepresidente Aristóbulo Istúriz en alusión a la delincuencia en las zonas rurales.

La producción agrícola ya había sido perturbada por la confiscación de tierras y el control de precios del gobierno socialista, que a menudo obliga a los agricultores a vender a pérdida. A medida que se redujo la producción nacional de alimentos, Venezuela se volvió cada vez más dependiente de las importaciones. Pero con el derrumbe de los precios del petróleo, su principal fuente de divisas, el gobierno tiene menos petrodólares para comprar alimentos en el exterior.

El bizantino sistema de control de cambios agrava el problema al dificultar a las empresas privadas el acceso a los dólares necesarios para importar. Además, muchos alimentos producidos en Venezuela se introducen de contrabando a Colombia, donde se venden con grandes ganancias. La escasez resultante ha ayudado a impulsar la inflación más alta del mundo y a crear largas colas en los supermercados con gente clamando por leche, carne, pasta y otros alimentos básicos.

Hasta Pérez, que produce toneladas de arroz al año, siente el impacto. El agricultor dijo que las colas en los supermercados en Acarigua, la principal ciudad de Portuguesa, son tan largas que a menudo se da por vencido y compra arroz en el mercado negro para alimentar a su familia.

La Asamblea Nacional, controlada por la oposición, declaró recientemente una emergencia alimentaria. Los legisladores opositores acusan al presidente Nicolás Maduro de ignorar en gran medida la crisis agraria. Esquivando las solicitudes de ayuda de los agricultores tradicionales, el mandatario anunció el sábado que las fuerzas armadas plantarán casi medio millón de hectáreas en bases y otros terrenos bajo control militar en todo el país.

Maduro ha declarado que los venezolanos deben cultivar sus propios alimentos y creó un nuevo ministerio de agricultura urbana. El presidente dijo que él y la primera dama, Cilia Flores, tienen 60 gallinas ponedoras y producen todos los alimentos que consumen.

“El importado se acabó, es hora que hagamos las cosas con nuestras propias manos”, dijo en su discurso televisado el sábado. “Quien no se ponga a producir es un traidor a la patria”.

Pero cultivar alimentos no es fácil. En una tarde reciente, el chofer de camiones Juan Pablo Ibarra subió a las montañas que miran a las barriadas pobres de Caracas, donde mantiene un pequeño huerto y un gallinero. Como necesitaba tierra para su jardín, llenó a pala varias bolsas con tierra fresca. Ibarra dijo que solía tener 30 gallinas ponedoras, pero el maíz para alimentarlas se encareció tanto que su familia terminó comiéndose la mayoría de las aves. “Es un poco difícil, pero hay que adaptarse”, reconoció Ibarra, quien apoya al gobierno.

Mientras la agricultura se traslada a las ciudades, las bandas delictivas que antes operaban en las zonas urbanas se están mudando al campo. Los agricultores son vistos como blancos fáciles ya que la policía y las patrullas de la Guardia Nacional son escasas, señaló Miguel Ángel Carrasquero, director de la principal asociación de ganaderos del estado Portuguesa.

“En la ciudad si le roban a uno el carro, usted pierde nada más su carro”, dijo Carrasquero. “Pero en el campo, si roban un transformador no se puede regar y se puede perder la cosecha. Se puede destruir toda la cadena de producción”.

Aunque el gobierno no publica datos sobre la producción agrícola desde 2007, Fedeagro, la principal asociación que agrupa a los agricultores, calcula que en 2014 hubo grandes caídas en la producción de maíz, arroz, sorgo, café, caña de azúcar y girasol. La organización aún tiene que recopilar los datos de 2015, pero Germán Briceño, un estadístico de Fedeagro, calcula que las cifras de producción serán más bajos, con un retroceso de 30% en la producción de arroz. “El año pasado fue terrible, y este año será aún peor”, dijo Briceño.

Vicente Pérez, presidente de Fedeagro, dijo que los bandidos a menudo atacan justo antes de la época de siembra, cuando los depósitos están llenos de materiales de producción y maquinaria. Cuando llega el momento de la cosecha, agrega, a veces las bandas extorsionan a los conductores de los camiones cargados con granos o roban su carga, especialmente sésamo, que tiene una vida útil larga.

Juan Felipe Álvarez, otro agricultor de Portuguesa, dijo que creía que el gobierno ha ignorado el problema porque considera que los grandes agricultores son capitalistas y opositores políticos. “Deberíamos ser mimados por el gobierno porque somos productores de alimentos”, observó.

Los agricultores se han acostumbrado a que los delincuentes se queden con sus herramientas, sus bombas de agua y su ganado. Ahora, cuando llega la época de la cosecha, guardias armados con escopeta viajan junto con los conductores de sus camiones. “He tenido una pistola apuntándome a la cabeza tres veces”, cuenta Álvarez. “Te deja traumatizado”.

Fuente: La Prensa