Producción nacional de maíz amarillo duro descendió un 2.8% desde 2010… ¿y la franja?

Una analogía de la frase “la mejor defensa es el ataque” aplicable a la economía podría ser “la mejor protección a la industria es el aumento de la productividad”. Al parecer, esto es algo que no hemos aprendido y se sigue cayendo en la idea errónea de que se deben emplear mecanismos de protección, como la franja de precios, para que un sector productivo “prospere”. Mientras tanto, la ausencia de reformas que favorezcan la tecnificación del campesino y la falta de megaproyectos de infraestructura de trasporte e irrigación (bienvenido Olmos, faltan Chavimochic y Chinecas) han congelado los avances en materia de producción agrícola. Un ejemplo emblemático de ello es el maíz amarillo duro.

Franja… ¿para qué te trajimos?


Como ya hemos analizado, este mecanismo arancelario no cumple con su propósito de estabilizar los precios ni tampoco favorece la producción nacional de maíz y de los demás productos afectos al mismo (ver Semanarios N.° 765 y N.° 778). Alguno dirá que efectivamente la franja de precios está protegiendo a los pequeños agricultores de maíz en la coyuntura actual; sin embargo, al margen de que el precio promedio nacional (en chacra) del maíz está por encima del precio de referencia de importación, cobrándose los derechos arancelarios derivados de la franja de precios, los productores no son capaces de atender la demanda nacional por este grano. Mientras el volumen de importaciones acumuladas de maíz amarillo duro de enero a setiembre aumentó un promedio anual del 8% entre 2010 y 2014, la producción nacional agregada disminuyó un 2.9% en el mismo periodo. Esto indica que si bien los productores de maíz gozan de la protección de la franja de precios, poco o nada han hecho para expandir su oferta. Esto no es de extrañar, de cara a dos razones.


En primera instancia, es claro que la franja de precios disminuye el riesgo de afrontar subsidios en las importaciones para los productores nacionales, lo que, desde el lado del productor privado, le restará incentivos para hacerse más competitivo. Esta contradicción se explica por la teoría de la compensación del riesgo^[1]. Según ella, cualquier persona situada en un entorno de riesgo adapta su comportamiento según los cambios que percibe. Es decir, si detecta un riesgo creciente, actuará de forma más cautelosa, y si, por el contrario, detecta un riesgo decreciente, se comportará de un modo más despreocupado.

Por otro lado, el potencial de producción agrícola está limitado por las dotaciones de infraestructura y capital con las que cuenta nuestro país en dicho sector. En cuanto a la infraestructura, nuestra cartera de proyectos en progreso está casi despoblada o las iniciativas de inversión del sector privado están paralizadas por la tediosa trama de procesos burocráticos y como consecuencia de hacerle frente a la desconfianza y la violencia de grupos de interés nocivos. Este es el caso del proyecto de irrigación Pampas Verdes que, a pesar de ser un proyecto declarado de interés nacional en 2006, aún no se ha iniciado su ejecución, debido al engorroso proceso de la consulta previa.

Asimismo, obtener la tecnología y el financiamiento para apuntar hacia una producción de escala son tareas imposibles, dada la regulación del Estado. La rentabilidad de los minifundios no es competitiva, pues mientras nosotros usamos semillas tradicionales de maíz poco resistentes ante enfermedades, en el mundo se emplea semillas genéticamente modificadas (GMO, por sus siglas en inglés) para hacer los cultivos más resistentes, con un rendimiento por encima de una semilla convencional. En el aspecto financiero, es poco probable pensar en un inversionista de un mega proyecto agrícola (cuyo costo de oportunidad del tiempo es mayor que el de un inversionista minero, dada la naturaleza de la actividad) que esté dispuesto a sufrir el letargo de la consulta previa en una comunidad campesina, ya que éstas también gozan de dicho derecho, según el reglamento de este mecanismo consultivo. Esto retrasará a nuestra agricultura por siete años más. ¿Así se apuesta por la productividad del pequeño campesino?

El Departamento de Agricultura de EE.UU., país del cual importamos un gran porcentaje de maíz amarillo duro, sostiene que en dicha economía y en el mundo se estima una sobreproducción de dicho grano para los próximos años; es decir, el precio internacional del maíz caerá. En vez de beneficiar a los consumidores de los productos que usan como insumo al maíz amarillo duro, ¿asumiremos un sobrecosto que excede el 30%? ¿Se preocupará el Gobierno por aumentar la productividad del agricultor peruano o seguirá negando la realidad del fracaso de la franja de precios? Este mecanismo es una venda en los ojos del Estado y de los productores peruanos. Démosle herramientas al agricultor para que sea más competitivo y no distorsionemos el precio del maíz importado, encareciéndolo con la franja de precios.

^[1] The Effects of Automobile Safety Regulation. Sam Peltzman (1975). Journal of Political Economy. Vol. 83, No. 4, pp. 677-726. The University of Chicago Press: http://www.jstor.org/stable/1830396

Fuente: http://semanariocomexperu.wordpress....0-y-la-franja/