Vicepresidente de Ucayali blanquea madera de la tala ilegal, según Osinfor

Maderero en el poder. Carlos Henderson Lima, del GR de Ucayali, es también representante legal de Maderera Marañón SRL. Este año el Organismo Supervisor de Recursos Forestales (Osinfor) decretó el cierre de sus 4 concesiones al comprobar el origen ilegal de más de 4 mil metros cúbicos de madera.

El dirigente asháninka Edwin Chota Valera fue asesinado antes de lograr la titulación de las tierras de su comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto y de 4 comunidades más de la misma cuenca cuyos terrenos ancestrales fueron entregados en concesión por concurso público en 2002 a diferentes madereras.

Desde entonces luchó legalmente enviando decenas de oficios al Director Sectorial de Agricultura de Ucayali, al entonces Inrena, a Cofopri e incluso a los diferentes ministros de Agricultura que pasaron en 12 años por esta cartera.

La razón estaba y está de su lado. La resolución directoral 083-2003 del Inrena reconoce los derechos preexistentes de las comunidades indígenas y prevé la exclusión del área correspondiente a la comunidad de la concesión forestal.

Sin embargo, el Gobierno Regional de Ucayali siempre se negó. Primero argumentando la falta de presupuesto para realizar la demarcación territorial de la comunidad y después sosteniendo que Chota debía llegar a un acuerdo con los titulares de las concesiones madereras (José Carlos Estrada Hayta, de Ecofu SAC, y Ramiro Barrios Galván) superpuestas al territorio de la comunidad ancestral (Ver infografía).

Este último argumento es calificado como inverosímil por Fabiola Muñoz, jefa del Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), quien considera que no existió ninguna razón para que el gobierno regional negara la titulación a la comunidad de Saweto.

"No hay ninguna norma que diga que para lograr el proceso de exclusión hay que llegar a un acuerdo con los madereros", denuncia para después recordar que la propia Dirección Regional de Agricultura de Ucayali recomendó la titulación de Saweto el 1° de abril de 2013 tras realizar un estudio socioeconómico y poblacional de la comunidad.

A pesar de esta recomendación, la Dirección de Saneamiento Físico Legal del Gobierno Regional volvió a negar en ese año la titulación a Saweto y no aplicó la ley.

¿Por qué? "Porque en el Gobierno Regional de Ucayali mandan los madereros", responde Roberto Guimaraes, dirigente de la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes.(FECONAU).

LAS CONCESIONES DEL VICEPRESIDENTE
Carlos Fernando Henderson Lima, actual vicepresidente de la región Ucayali, es dueño del Grupo Henderson. Su grupo está integrado por las empresas Henderson e Hijos, dedicadas al alquiler de maquinaria forestal mecanizada, Transporte Fluvial La Macarena y Maderera Marañón SRL.

La maderera es titular del Contrato de Concesión para el Manejo y Aprovechamiento Forestal con fines Maderables en las Unidades de Aprovechamiento N° 294, 295, 296 y 297 (ver infografía). En total, tiene concesionadas alrededor de 28 mil hectáreas de bosques de producción permanente ubicados en el distrito de Tahuanía, provincia de Atalaya.

El 23 de setiembre del 2013, Osinfor inició un Proceso Administrativo contra la maderera de Henderson (Resolución Directoral 391-2013-Osinfor-DSCFFS).

Tras supervisar las concesiones del vicepresidente regional, Osinfor concluyó que los 4,491,892 metros cúbicos de madera que la empresa había declarado haber extraído en su Plan Operativo Anual (POA) 2011-2012 no provenían de sus concesiones.

Los inspectores de Osinfor comprobaron in situ que los árboles presuntamente cortados seguían en pie. Es decir, la madera habría sido blanqueada a través de Guías de Transporte Forestal falsas y provendría de la tala ilegal.

Según la resolución de Osinfor, Maderera Marañón "habría utilizado su Plan Operativo Anual y su Guía de Transporte Forestal para dar apariencia de legalidad a los volúmenes de madera".

Además, Osinfor también comprobó que Henderson debía casi 34 mil dólares por el derecho de aprovechamiento de sus concesiones.

La Resolución Directoral N°242-2014, con fecha 22 de mayo, declaró la caducidad de las concesiones del vicepresidente regional, canceló definitivamente sus Guías de Transporte Forestal y le impuso una multa de 65,02 UIT (más de 247 mil soles) al considerar que los más de 4 mil metros cúbicos de madera ilegal movilizada causaron "un grave daño al ecosistema del bosque".

La maderera interpuso un recurso de apelación ante Osinfor. Sin embargo, el 4 de agosto del 2014 este organismo reiteró en una nueva resolución (R.D. 380-2014) las sanciones principales a la empresa del vicepresidente regional. Esta resolución también fue apelada por Henderson y se encuentra en trámite.

Paralelamente, interpuso una acción de amparo en el Poder Judicial. Maderera Marañón SRL demandó a Osinfor ante el Segundo Juzgado Civil de Pucallpa y logró la Acción de Amparo (00572-2014-42-2402-JR-CI-01) con el visto bueno del juez Guillermo Arturo López Menacho.
Hoy, según el propio vicepresidente, sus concesiones están activas.

En resumen, un proceso de fiscalización que supuso más de un año de esfuerzo a Osinfor quedaría truncado por el Poder Judicial en tan solo unos días gracias a un recurso de amparo.

"No es posible que la autoridad nacional determine que hay una conducta ilegal, la denuncie, la sancione y un juez levante la sanción en contra de la opinión técnica de las autoridades forestales", declaró indignada Fabiola Muñoz, jefa del Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), al conocer la acción de amparo a favor de Maderera Marañón.

JUEZ Y PARTE
El vicepresidente regional, Carlos Henderson, declaró a La República que considera que no es incompatible mantener la titularidad de sus empresas madereras y continuar en su cargo público.

Pero a Ucayali, al igual que a otras 8 regiones del país, le fueron transferidas las competencias forestales en 2010. La región –y su vicepresidente– está encargada de la gestión y supervisión constante de cada una de las concesiones forestales dentro de su territorio.

Por su parte, el ente de supervisión nacional Osinfor "tiene la responsabilidad de comprobar que lo que el gobierno regional y el concesionario dicen, es cierto", explica la responsable de Serfor.

En sus inspecciones, Osinfor comprueba año tras año que la madera declarada no sale de las concesiones, lo que evidencia la falta de fiscalización de los gobiernos regionales e incluso su complicidad.

En este contexto, comunidades como Saweto luchan en solitario contra la tala ilegal encubierta por concesionarios forestales que lavan la madera con sus guías forestales. El precio que pagan por denunciar, como lo demuestra el asesinato de Chota y sus 3 compañeros de dirigencia, es la vida.

Al igual que esta comunidad asháninka, 82 comunidades indígenas de Ucayali, según la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes, enfrentan conflictos con los titulares de concesiones madereras superpuestas a sus territorios.

Todas esperan que el Gobierno Regional de Ucayali les dé la titularidad de sus tierras. El título es la única herramienta que les permitiría la exclusión de sus territorios de las concesiones forestales.

"Fuimos víctimas de actos de abuso por parte de Osinfor"

El vicepresidente regional Carlos Henderson declaró vía e-mail a La República que se considera "parte agraviada" ya que dice haber sido "víctima de actos de abusos por parte de Osinfor". Sostiene que "en base a argumentos totalmente contrarios a la realidad y el derecho" Osinfor expidió una primera resolución que caducó sus concesiones.

Tras su impugnación, Osinfor reiteró sus sanciones respecto a la zafra 2011-2012 y eliminó las respectivas a la zafra 2008-2009. Frente a esto, Henderson ha vuelto a interponer un recurso de apelación contra la resolución, que lo multa con más de 200 mil soles. Paralelamente ha interpuesto un recurso de amparo en el Poder Judicial.

"Cada resolución que se viene emitiendo en el procedimiento administrativo nos vienen dando la razón.Nuestro actuar es correcto y demuestra que no hemos cometido ninguna infracción a la legislación forestal".

ENFOQUE: Es hora de apagar la máquina lavadora
En abril del 2012 EIA publicó “La Máquina Lavadora”, una investigación que demuestra con documentos oficiales del gobierno peruano que gran parte de la madera que Perú exporta tiene origen ilegal y se lava con la complicidad de ingenieros forestales privados y de funcionarios públicos.

En la investigación probamos que las concesiones forestales son utilizadas como fachada para producir inventarios forestales que listan árboles inexistentes. Las autoridades aprueban estos inventarios falsos sin verificarlos ni cuestionarlos, y así los malos concesionarios consiguen documentos “legales” para lavar madera de la tala ilegal.

En abril del 2012, el gobierno anunció una revisión del sistema de concesiones. Pero dos años después, la máquina lavadora sigue y nadie ha sido sancionado. OSINFOR sigue encontrando que la madera no sale de las concesiones. SUNAT, en un operativo a inicios de este año, decomisó madera ilegal por US$ 20 mills. Mientras, el ministro de Agricultura anuncia que se entregarán 5 millns. más de hectáreas en concesiones forestales sin revisar y reformular el sistema.

¿Por qué el Gobierno no detiene la máquina lavadora? La tala ilegal que corrompe autoridades y asesina líderes indígenas solo es rentable porque cuenta con un mecanismo de lavado de madera. El primer paso para luchar contra la tala ilegal es apagar la máquina lavadora.

EN CIFRAS

• 7,1 mill. de ha suman las concesiones forestales maderables a nivel nacional. Un 35% se encuentra en Ucayali.
• 82 comunidades indígenas de Ucayali demandan la titulación de sus tierras, superpuestas a concesiones madereras.

Fuente: http://www.larepublica.pe/02-10-2014...-segun-osinfor