Debido a que sanciones y multas actuales generan sobrecostos al comercio exterior

Lima, ene. 31 (ANDINA).- La Asociación de Agentes de Aduana del Perú (AAAP) solicitó la nueva jefa de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), Nahil Hirsh, modificar las sanciones y multas por infracciones aduaneras, ya que generan sobrecostos al comercio exterior y desincentivan la inversión privada, informó hoy el presidente de la AAAP, Luis Olivares.

Indicó que durante una reunión que tuvo con dicha funcionaria planteó la necesidad de fortalecer a la institución aduanera mejorando la capacitación de los funcionarios y otorgando mayor autonomía de gestión.

Además le hizo notar la necesidad de mejorar la comunicación con los operadores para lo cual se debe repotenciar el Consejo Consultivo en Temas Aduaneros que no ha cumplido con sus objetivos.

“Otro tema tratado fue la preocupación que existe por las normas que se han dado respecto a los envíos de entrega rápido que permitirán a los courier el transporte de mercancías bajo condiciones de control de cuestionada eficacia y sin parangón en ninguna parte del mundo”, dijo.

Asimismo, reiteró a la Sunat la disposición del gremio para implementar el nuevo Sistema de Despacho Aduanero y una coordinación permanente para mejorar la competitividad del sistema.

Olivares también refirió que ha entregado al Ministerio de Economía y Finanzas y la Sunat una serie de documentos que dan cuenta de los sobrecostos por cobros injustificados en el puerto del Callao, los cuales se incrementaron en los últimos años.

“Para la AAAP, es necesario que se lleven a la práctica las recomendaciones propuestas en un estudio realizado en el año 2004 por el consultor internacional Martín Sgut, a solicitud del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur)”, acotó.

Precisó que dicho estudio planteaba dar una mayor transparencia en la facturación de los servicios portuarios privados que brindan servicios públicos, a fin de que las tarifas reflejen el servicio que efectivamente prestan.

“El usuario de dichos servicios se ve obligado a pagar por servicios que no ha contratado y que, debido a la ambigüedad de las competencias de regulación, no tiene cómo cuestionarlos pues corre el riesgo de no poder retirar sus mercancías ó realizar sus embarques” manifestó Olivares.

Agregó que los sobrecostos tienen un enorme impacto en la competitividad del país que depende de su comercio exterior para su desarrollo, de ahí la necesaria participación del MEF en la solución a este problema.

“Finalmente, quien paga la factura es la ciudadanía en su conjunto”, expresó.

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